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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ejecuta un conjunto de programas y medidas cuarentenarias de prevención en la Patagonia argentina con el propósito de preservar su condición sanitaria diferencial y potenciar el acceso de sus materias primas a los mercados internacionales más exigentes. El esquema operativo abarca un territorio de casi 1.800.000 kilómetros cuadrados que incluye a Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el sur de la provincia de Buenos Aires.
En estos distritos, la entidad certificó durante el ejercicio 2025 la exportación de 337.835 toneladas de peras, 91.547 toneladas de manzanas y 5.295 toneladas de cerezas, además de concentrar en el eje rionegrino y el sur bonaerense el 50% de la producción nacional de cebolla y la totalidad de sus ventas externas. En los segmentos pecuario y pesquero, la región destaca por un stock ovino superior a los 6,5 millones de cabezas con certificaciones anuales de 28.000 toneladas de lana y 9.609,7 toneladas de carne, un rodeo bovino de 270.000 cabezas en el partido de Patagones, y una fuerte actividad de pesca marítima en el sector austral que consolidó 380.000 toneladas despachadas de langostino, calamar, merluza hubbsi, merluza negra y centolla.
Esta oferta exportable se encuentra respaldada por un estatus fitosanitario diferenciado que reconoce a la región como zona libre de plagas como la Mosca de la Fruta y Lobesia botrana, además de mantener desde 2002 el reconocimiento de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) como área libre de fiebre aftosa sin vacunación, poseer una zona autodeclarada libre de enfermedades de los salmónidos en la cuenca del río Limay, y encontrarse exenta de patologías como la anemia infecciosa equina, brucelosis caprina y, en territorio fueguino, la tuberculosis y brucelosis bovina.
Para sostener estos indicadores, el SENASA articula tareas con las administraciones provinciales, el sector privado y la Fundación Barrera Patagónica (FUNBAPA) mediante controles en una red compuesta por 12 puestos terrestres fijos, 3 móviles y terminales portuarias y aeroportuarias donde se inspeccionan cargas comerciales y equipajes particulares, requiriendo el compromiso y la colaboración de los viajeros para evitar la introducción de productos de origen animal o vegetal que pongan en riesgo el patrimonio sanitario de la región.
