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La presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Verónica Zambrano Copello, aseguró que la solidez de la regulación y la estabilidad institucional son condiciones esenciales para que las inversiones en infraestructura de transporte se traduzcan en mejores servicios para la ciudadanía.
Durante su participación en el conversatorio "El rol de la regulación en el crecimiento y la sostenibilidad del país", organizado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Zambrano destacó que el principal desafío no radica en la falta de normas, sino en la fortaleza de las instituciones encargadas de aplicarlas. En ese sentido, subrayó que la predictibilidad en "las reglas de juego es indispensable para generar confianza y asegurar la continuidad de las inversiones en el tiempo".
La titular del Ositran explicó que la regulación impacta directamente en la vida cotidiana de las personas, al garantizar servicios de infraestructura seguros, eficientes y de calidad. Como ejemplo, mencionó que la falta de vías adecuadas puede duplicar el precio de los alimentos debido a mayores costos logísticos, o dificultar el acceso de los escolares a sus centros de estudio. "Cuando la regulación funciona, las personas no necesariamente piensan en ella, simplemente viven mejor", afirmó.
En esa línea, enfatizó que el objetivo de la supervisión es asegurar que las inversiones se traduzcan en beneficios concretos para los ciudadanos, mediante el mantenimiento adecuado, la eficiencia operativa y la seguridad de las infraestructuras.
Durante el evento, también sostuvo que la inversión en infraestructura depende de un entorno regulatorio estable, que brinde claridad y previsibilidad a los actores involucrados. Advirtió que los cambios constantes en las reglas o las decisiones no técnicas generan incertidumbre y afectan la confianza de los inversionistas.
Señaló que la debilidad institucional, la falta de coordinación entre entidades y el desconocimiento de los compromisos contractuales pueden retrasar la ejecución de obras y afectar directamente a los ciudadanos.
Asimismo, identificó factores que limitan el desarrollo de proyectos, como los incumplimientos del propio Estado, las intervenciones que no se ajustan a los contratos, y la inestabilidad política.
Frente a estos retos, planteó la necesidad de fortalecer las relaciones de confianza entre el Estado y el sector privado, así como mejorar la gestión regulatoria mediante el uso de nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial. También destacó la importancia de difundir el marco normativo de las Asociaciones Público-Privadas (APP) para asegurar su correcto entendimiento y aplicación por parte de todos los actores involucrados.
Fuente: Andina
