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La Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) dio su respaldo a la idea de que la futura concesión del Puerto de Valparaíso se concrete sin tener restricciones a la integración vertical.
La discusión tomó impulso luego de que APM Terminals (APMT), Terminal Investment Limited (TiL) y Hanseatic Global Terminals (HGT) -brazos portuarios de Maersk, Mediterranean Shipping Company (MSC) y Hapag-Lloyd, respectivamente- solicitaran ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) eliminar las restricciones estructurales a la integración vertical para participar en la licitación operar el recinto portuario.
En ese contexto, Daniel Fernández, presidente de Camport, explicó que "la Cámara ha hecho ver al tribunal que a nosotros nos parece que no debe haber restricciones a la integración vertical. Hoy, en el mundo de los puertos hay integración con ferrocarriles, navieras en casi todo el mundo".
"Si bien en un principio, cuando comenzó el sistema licitación de concesiones en Chile, los puertos todavía tenían un cierto tamaño, incluso se pretendía una competencia intra portuaria. Hoy día, la verdad es que la escala que tenemos, la cantidad de puertos que tenemos y la libertad de operación que hay, hacen que la desintegración vertical no sea un factor relevante", apuntó Fernández.
El titular de la organización reforzó que "creemos que es perfectamente posible que actores integrados tengan una concesión en un puerto, compitiendo -obviamente- con el otro y ahí sí, lo importante es la integración horizontal, que en una zona de influencia como lo es Valparaíso – San Antonio no sea el mismo concesionario que compita; ahora, si van a competir, si compiten integrados verticalmente uno con otro, no veo cuál es el inconveniente".
Ante el planteamiento expresado por las empresas operadoras de terminales portuarios, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) respaldó el límite de 60% fijado a la integración vertical y enfatizó la necesidad de complementarla con herramientas de fiscalización robustas que permitan la identificación de los beneficiarios finales.
Respecto a dicho enfoque, el presidente de Camport sostuvo que "Chile tiene una institucionalidad en materia de competencia bien sólida, bien eficaz. Se ha demostrado en los últimos años, tiene una Fiscalía Nacional Económica muy preparada con buenos recursos técnicos y profesionales con buenos argumentos y su rol es justamente ese, velar por que las normas de competencia se cumplan".
"Además, hay normativas generales más allá del sistema portuario – marítimo sobre competencia, está el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, están las normas de reputación corporativa de las propias compañías que son hoy son internacionales y, por supuesto, si se detecta algún comportamiento, uno tiene que atacar esa situación particular", indicó.
"Si uno trabaja desde la sospecha de que se va a producir y lo restrinjo ex ante, creo que se limitan una serie de posibilidades o potencialidades, versus un sistema en el cual permites una regulación clara, fiscalizas efectivamente y castigas a quienes tienen prácticas anticompetitivas", manifestó Fernández.
Fuente: Portal Portuario
