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El gobierno nacional avanzó en el último paso del proceso de licitación para la privatización de la Vía Navegable Troncal con la adjudicación a la firma Jan de Nul – Servimagnus, que presentó la mejor oferta.
Mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación formalizó el cierre de las evaluaciones, completando una licitación histórica para el país.
Tal como sucedió en las etapas previas, el cierre del proceso licitatorio no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes, que de esta manera convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora en cada una de las etapas de la licitación pública.
La firma del contrato, prevista para dentro de un máximo de 30 días, activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos, y servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico.
Las obras previstas permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, generando un mayor ahorro y expandiendo la frontera productiva del país, e impactará de forma directa en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos, disminuyendo los costos logísticos globales y potenciando la exportación.
Todo el proceso licitatorio contó con un amplio respaldo de usuarios privados (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales, Unión Industrial Argentina, Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, entre otros) así como de gobiernos provinciales (Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones ) que se manifestaron satisfechos ante la conclusión del mismo, destacando que mantuvo estrictos criterios de transparencia pública y cumpliendo con el más alto estándar de calidad técnica dispuesto por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo de la ONU que auditó cada una de las etapas para asegurar la aplicación de las buenas prácticas internacionales en la gestión de infraestructuras soberanas.
La privatización marca el fin de la etapa estatal de gestión de la estratégica vía por donde circula el 80% del comercio exterior del país, para dar paso a una nueva era de inversión privada, donde el Estado mantiene el rol de autoridad de control, pero sin intervención directa.
