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El Congreso argentino sancionó ayer la entrada en vigencia del “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puerto destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada” (INDNR), una iniciativa de la FAO que busca ampliar la capacidad de control sobre los buques extranjeros. La representante interina de la oficina de la FAO en Argentina, Maya Takagi, resaltó la importancia de contar con mayores herramientas para combatir la captura ilegal de recursos vivos marinos.
La República Argentina se unirá a otros 85 Estados que operan bajo las normas de la iniciativa conocida como “Puerto Rector”, el primer tratado internacional de carácter vinculante centrado específicamente en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Su objetivo es prevenir, desalentar y eliminar la captura ilícita impidiendo que los buques que la practican utilicen puertos para desembarcar. De esta manera, se busca reducir los incentivos para que estas embarcaciones continúen operando y se frene así el flujo de productos pesqueros derivados de la pesca INDNR hacia los mercados nacionales e internacionales.
“La sanción de esta ley es muy importante para la Argentina, que se suma a los esfuerzos globales para combatir la pesca ilegal, actividad que afecta especialmente a las poblaciones rurales costeras en zonas vulnerables”, señaló Maya Takagi. Y agregó: “Aplicar esta ley también va a permitir a largo plazo hacer un uso más eficiente de los recursos marinos vivos del país”.
Por otra parte, la representante interina de la FAO en la Argentina dijo que la ley también permite fiscalizar buques pesqueros y **“controlar el cumplimiento de normas internacionales en materia de seguridad, condiciones laborales y contaminación ambiental”. **
El instrumento de la FAO fue firmado en Roma en el año 2009, aunque Argentina no suscribió en ese momento. Con la aprobación de la ley, el país podrá acceder además al Sistema Mundial de Intercambio de Información (GIES), una plataforma digital que permite fortalecer el control y fiscalización de las actividades comerciales en el mar a partir de la socialización de data relativa a buques pesqueros.
