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Alberto Undurraga es ex ministro de Obras Públicas y asesor del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
La aprobación ambiental del Puerto Exterior de San Antonio por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso esta semana es una gran noticia para Chile. No es solo un permiso relevante: es un hito decisivo para una obra que se viene madurando hace años y que puede marcar nuestra competitividad por décadas.
Nuestro país necesita volver a crecer y para ello necesita nueva infraestructura. San Antonio ya es el principal puerto a nivel nacional y la mayor puerta logística de la macrozona central. Por él entra y sale una parte esencial de lo que producimos, consumimos y exportamos.
Su ampliación no es un proyecto local ni sectorial: es una condición para que las exportaciones no pierdan competitividad, para que las importaciones no se encarezcan y para responder a naves de mayor tamaño y a una logística cada vez más exigente.
El Puerto Exterior -que representa una inversión de USD 4.450 millones, con participación pública y privada-, importa también porque puede ser una oportunidad para que la comuna que lo alberga se transforme en una mejor ciudad. El desafío no es elegir entre puerto y ciudad, sino hacer ambas cosas bien.
La nueva infraestructura debe ir acompañada de accesos viales y ferroviarios, tecnología, mitigaciones ambientales, espacios públicos y una relación más equilibrada con San Antonio. Un buen puerto no solo mueve carga: ordena territorio, genera empleo y abre oportunidades urbanas.
Como vemos, se trata de una obra de Estado. Distintos gobiernos han cumplido con diferentes etapas: la realización de estudios de ingeniería; la selección de su emplazamiento; el proceso de evaluación ambiental (que se inició en 2020), el financiamiento y la licitación. Esa continuidad institucional es valiosa.
Hemos sido capaces de levantar obras desafiantes: el Viaducto del Malleco, el molo de abrigo de Valparaíso y el Puente sobre el Canal del Chacao, por mencionar algunas iniciativas. Todas enfrentaron dudas, costos y resistencias, pero cuando las autoridades estuvieron a la altura, pasaron a ser un patrimonio de todos; un polo de desarrollo.
Con la aprobación ambiental cumplida, el foco cambia. La responsabilidad queda ahora en manos de las autoridades de la empresa portuaria y nacionales -especialmente las del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones- para impulsar con decisión la licitación en curso y asegurar que llegue a buen término, con competencia, transparencia y sentido estratégico, y luego de ello empezar la construcción.
La experiencia nos indica que en iniciativas de esta magnitud siempre se presentan dificultades técnicas, presupuestarias y de coordinación. Precisamente, por eso se requiere conducción, convicción y mirada de Estado, a largo plazo.
San Antonio es más que un puerto. Es una prueba de si Chile todavía puede construir futuro, crecer con mejores ciudades y transformar los grandes acuerdos en obras concretas. La historia ha demostrado que se puede.
Fuente: portalportuario
