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Desde el pasado 29 de julio entró en vigencia la reforma al COPCI que permite a la aduana subastar, donar o destruir mercancías retenidas por más de un año sin juicio. Esta medida busca solucionar la acumulación de más de 12000 contenedores abandonados, valorados en USD 450 millones, liberando espacio operativo en la infraestructura portuaria del país.
El SENAE registrará la carga inmovilizada y dará 15 días tras su publicación oficial para que los consignatarios la reclamen antes de su ejecución. Los fondos de los remates ingresarán al Tesoro Nacional o a cuentas judiciales, mientras que los bienes sin valor comercial o con restricciones de importación serán destruidos o donados según la norma legal.
La medida descongestionará recintos clave como Guayaquil, Fertisa y Naportec, eliminando sobrecostos de almacenaje que alcanzan hasta USD 76 362 anuales por contenedor. Esto agilizará la rotación del transporte marítimo y bajará los costos de la cadena de suministro, impulsando la competitividad de un sector del que dependen millones de ciudadanos.
