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El Ministerio de Economía declaró la emergencia agropecuaria en varias zonas productivas de Buenos Aires y Río Negro, afectadas por severas sequías, heladas tardías y otros fenómenos climáticos.
La medida, que abarca tanto explotaciones ganaderas como agrícolas y frutihortícolas, fue oficializada a través de las Resoluciones 926/2024, 945/2024 y 946/2024, y tiene como objetivo mitigar las consecuencias que los productores están enfrentando en sectores clave para las exportaciones argentinas. Según informó la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, los afectados podrán acceder a una serie de beneficios fiscales y financieros.
El impacto de esta declaración no se limita a la producción interna, sino que amenaza con golpear fuertemente las exportaciones del país. La Argentina, cuya economía depende en gran medida del ingreso de divisas a través del comercio exterior de productos agropecuarios, se enfrenta a un escenario complejo, donde la menor oferta de productos clave como la carne y las frutas podría reducir los volúmenes exportados y, en consecuencia, afectar la balanza comercial.
En la Provincia de Buenos Aires, las Resoluciones 945/2024 y 946/2024 abarcan un extenso número de partidos que han visto su producción afectada por las condiciones climáticas adversas. Zonas productivas clave como Bahía Blanca, Puán, Patagones, Bolívar y Junín, entre otras, están incluidas en esta declaración de emergencia. Estas regiones se destacan por su producción ganadera y agrícola, especialmente de carne bovina, ovina y caprina, lo que genera preocupación sobre una posible contracción en las exportaciones de estos productos.
Las resoluciones mencionadas establecen que la emergencia para los sectores ganadero, tambero y apícola permitirán a los productores afectados reorganizar sus actividades. La menor oferta de carne podría no sólo reducir los volúmenes enviados al exterior, sino también afectar los precios internacionales, ya que una disminución en la oferta argentina podría generar un aumento en los precios de exportación, debilitando la competitividad frente a otros países exportadores.
Por otro lado, la situación en Río Negro es igualmente preocupante. La Resolución 926/2024 prorrogó por un año el estado de emergencia agropecuaria en los departamentos de Adolfo Alsina, Avellaneda, General Roca, El Cuy y Pichi Mahuida, donde la sequía ha golpeado duramente a las explotaciones ganaderas. Además, se incluyeron los departamentos de San Antonio, Valcheta y 9 de Julio, donde la producción frutihortícola, de frutos secos y vitivinícola ha sido seriamente comprometida por heladas tardías, vientos intensos y granizo.
Río Negro es una de las principales provincias productoras de frutas para exportación, especialmente de peras y manzanas. El sector frutihortícola, vital para la economía regional y nacional, depende en gran medida de la estabilidad climática. Las condiciones adversas han reducido drásticamente los volúmenes de producción, lo que afecta directamente la oferta exportable de estos productos. Con el ciclo productivo extendido hasta el 1 de junio de 2025, los productores de la región enfrentan el desafío de reactivar sus explotaciones, aunque las pérdidas ya se sienten en el mercado internacional.
La declaración de emergencia agropecuaria no sólo busca mitigar el impacto inmediato sobre los productores afectados, sino también contener las consecuencias a largo plazo sobre la capacidad exportadora del país. Argentina, reconocida por la calidad de su carne y productos frutihortícolas en mercados internacionales, podría perder competitividad debido a la combinación de menores volúmenes de exportación y un posible aumento en los precios de sus productos. Los mercados internacionales, altamente competitivos, podrían buscar alternativas en otros países con producciones más estables, lo que debilitaría la posición argentina en el comercio global.
Río Negro, una de las zonas alcanzadas por la emergencia agropecuaria, es una de las principales provincias productoras de frutas para exportación, especialmente de manzanas y peras (Foto: Shutterstock)
Además, la caída en las exportaciones tendrá un impacto directo en el ingreso de divisas, fundamental para la estabilidad económica del país. Menos exportaciones implican menos dólares, lo que podría afectar el tipo de cambio y complicar la situación financiera general del país, que ya enfrenta desafíos económicos estructurales.
Para enfrentar esta difícil situación, los productores afectados por la emergencia agropecuaria podrán acogerse a los beneficios previstos en la Ley Nº 26.509. Estos beneficios incluyen la posibilidad de acceder a financiamiento especial, exenciones impositivas y facilidades para reprogramar deudas.
Las instituciones bancarias nacionales y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tendrán la responsabilidad de implementar las medidas necesarias para asegurar que los productores accedan a estas ayudas.
A medida que avanza el ciclo productivo en las áreas afectadas, tanto en Buenos Aires como en Río Negro, las declaraciones de emergencia agropecuaria buscan aliviar el impacto en un sector crucial para el comercio exterior argentino.
