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En un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elaborado por Giuliana Dellamaggiore y Emilce Terré, se examina el comportamiento histórico de la agricultura argentina combinando datos de FAOSTAT, estimaciones del BID y la metodología del Estimado de Apoyo Total (EAT) desarrollada por la OCDE.
Durante el período 1961-2022, la producción agrícola argentina creció a una tasa promedio anual del 2,60%. Este incremento estuvo traccionado principalmente por mejoras en la productividad (1,78% anual) por encima de la incorporación de insumos (0,82% anual). Sin embargo, el dinamismo mostró marcadas diferencias según el régimen de política económica vigente:

El indicador de Estimación de Apoyo Total (EAT) cuantifica la transferencia neta de recursos entre el Estado y el agro. Mientras que un número positivo indica apoyo, un valor negativo implica una transferencia neta desde el sector agropecuario hacia el resto de la economía.
Argentina se destaca internacionalmente por presentar valores de apoyo marcadamente negativos:

El BID remarca que la composición del apoyo es más determinante para la productividad que la magnitud monetaria del mismo. Las políticas públicas se desglosan en tres componentes principales:
En el acumulado 1997-2022 para la Argentina, la detracción por distorsión de precios (APM) le restó al sector agropecuario más de USD 190.000 millones. En contraposición, los apoyos directos e inversiones en servicios generales sumaron apenas USD 6.000 millones y USD 8.900 millones respectivamente. Esto significa que la detracción por distorsión de precios resultó trece veces mayor que los recursos volcados a políticas promotoras de la productividad.
En síntesis, la evidencia técnica confirma que los mayores saltos de productividad agrícola en el país coincidieron con esquemas de neutralidad en los apoyos, mientras que la intensificación de las transferencias negativas desaceleró la innovación tecnológica y forzó al sector a depender crecientemente del uso de insumos.


