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El Gobierno Santa Fe celebró la decisión del Parlamento Europeo de rechazar la normativa que clasificaba a la soja argentina como cultivo de “alto riesgo ILUC” (Cambio Indirecto del Uso del Suelo), una medida que amenazaba con excluir al biodiésel nacional de los objetivos de energías renovables de la Unión Europea.
Tras conocerse la resolución, el gobernador Maximiliano Pullaro expresó en sus redes sociales que el resultado “es fruto de un gran trabajo conjunto entre gobiernos provinciales, el Gobierno nacional y el sector privado. Juntos defendimos a nuestra soja, a nuestro campo y a nuestra industria del biodiésel”. Además, recordó las gestiones realizadas ante la Cancillería para sostener la posición argentina. En ese marco, señaló que presentó un documento con evidencia científica y económica que respaldaba la sustentabilidad del biodiésel producido en el país y reafirmó su compromiso con “una matriz energética más sustentable, que cuide el ambiente, impulse la producción, genere empleo y agregue valor a nuestra materia prima”.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que “este resultado demuestra que cuando el Estado provincial asume un rol activo puede obtener logros que impactan directamente en el empleo, las inversiones y las exportaciones”. Remarcó además que eliminar esta barrera comercial era determinante para la economía provincial.
“El cierre del mercado europeo ponía en riesgo exportaciones de biodiésel y afectaba a un sector en el que Santa Fe concentra históricamente más del 80 % de la capacidad instalada del país”, afirmó.
Como parte de la estrategia de defensa, Santa Fe elaboró y presentó ante las autoridades europeas un dossier técnico con evidencia científica que acreditó la sustentabilidad del sistema productivo argentino. El documento demostró que el biodiésel nacional reduce cerca del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto del gasóleo de origen fósil y que la producción de soja no implica la expansión de la frontera agrícola sobre bosques nativos.
Sin ese respaldo técnico, el mercado europeo podría haberse cerrado para el biodiésel argentino, comprometiendo exportaciones estimadas en 390 millones de dólares anuales.
La elaboración del informe fue el resultado de un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, cámaras empresariales, universidades y organismos técnicos nacionales, que aportaron información científica y productiva para sustentar la posición argentina.
Para el Gobierno de la Provincia, el respaldo obtenido en Europa debe traducirse ahora en una agenda de fortalecimiento del mercado interno. En ese sentido, Santa Fe volvió a reclamar al Congreso de la Nación el tratamiento urgente de una nueva Ley de Biocombustibles que permita aprovechar la capacidad instalada de la industria, actualmente con niveles de ociosidad que oscilan entre el 50 % y el 65 %.
La propuesta provincial se apoya en tres ejes. El primero plantea elevar de manera inmediata el corte obligatorio de biodiésel al 15 % (B15), con una transición automática al 20 % (B20) siempre que resulte competitivo frente al diésel importado. El segundo propone incorporar los llamados “vectores de futuro”, como el Diésel Renovable (HVO) y el Combustible Sustentable de Aviación (SAF), al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El tercero impulsa una distribución más equilibrada del mercado interno, reservando un 40 % para plantas no integradas y un 60 % para las integradas, con el objetivo de promover la competencia y reflejar la estructura real de la industria santafesina.
Puccini sostuvo que el desafío no debe limitarse a consolidar las exportaciones hacia Europa, sino también a sustituir importaciones de combustibles fósiles. En ese sentido, recordó que Argentina importa cada año alrededor de 1.500 millones de litros de gasóleo que podrían reemplazarse por producción nacional de biodiésel.
