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La situación legal y operativa de la ex Alpesca en Puerto Madryn sumó un nuevo capítulo de conflicto tras la decisión del Gobierno de Chubut de rescindir de manera unilateral el contrato de arrendamiento y explotación que había firmado con el Grupo Profand el 30 de septiembre. La compañía, a través de su subsidiaria Pesquera Deseado S.A.U., emitió un comunicado defendiendo su accionar y criticando la postura provincial.
Profand aseguró que cumplió "estrictamente con todas y cada una de las obligaciones establecidas" en el acuerdo. Según la empresa, se realizaron las inversiones necesarias para la puesta a punto de las instalaciones y se gestionó la contratación y el pago del personal. Estas acciones buscaban garantizar la operatividad de la planta justo antes del inicio de la campaña de langostino, una de las actividades pesqueras más importantes de la región.
El punto de fricción se centró en la transferencia de activos. La firma española informó que el 4 de noviembre solicitó formalmente la transferencia de los permisos de pesca y de los buques asociados a la explotación integral, tal como estipulaba el contrato. Sin embargo, la administración provincial comunicó la imposibilidad de avanzar, argumentando que Profand no habría cumplido con ciertas obligaciones, lo que sirvió de base para dar por finalizado el acuerdo.
Para el Grupo Profand, esta decisión "carece de fundamento" y desconoce los avances logrados en la fase de transición, contradiciendo los compromisos asumidos por el Estado provincial.
La rescisión del contrato con Profand ocurre en un contexto legal complejo y reconfigurado por el acuerdo conciliatorio homologado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que ordenó la restitución de la explotación industrial de la ex Alpesca a Red Chamber Argentina. Este giro judicial deja el contrato de arrendamiento de Profand en una zona de indefinición y superposición de intereses.
Aunque el comunicado de Profand evita referirse directamente al acuerdo con Red Chamber, la empresa advirtió sobre el impacto negativo que la medida provincial genera en la seguridad jurídica e institucional de la provincia. La falta de estabilidad contractual en procesos de inversión y reestructuración productiva representa un riesgo para la captación de capital extranjero.
La empresa concluyó su comunicado reafirmando su voluntad de "defender sus intereses legítimos", aunque no adelantó si iniciará acciones administrativas o judiciales contra la provincia de Chubut. El foco ahora se traslada a las instancias legales donde se definirá quién tendrá finalmente la responsabilidad de la logística y explotación industrial de los valiosos activos de la ex Alpesca.
Redacción por dataPORTUARIA
