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El Consejo Federal Pesquero (CFP) formalizó los alcances técnicos de su Acta Número 19 del corriente período anual tras sesionar en su sede central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el quórum legal de sus miembros.
Entre las determinaciones de mayor trascendencia para las flotas de altura, el cuerpo resolutivo abordó de forma preferencial la presentación realizada por la empresa armadora Argenova S.A. referida a las operaciones de captura de merluza negra (Dissostichus eleginoides) llevadas a cabo por el buque palangrero Argenova XIV dentro de las aguas de la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU). Fundamentado en una opinión técnica emitida por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) mediante la Nota DNI Número 61/2026, el consejo resolvió por unanimidad exceptuar de manera provisional a dicha embarcación, permitiendo que sus capturas logradas fuera del ámbito ordinario de explotación nacional no sean descontadas de la Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) asignada para el corriente ejercicio, con el objeto estratégico de alentar el esfuerzo pesquero con artes de palangre y diversificar las zonas de pesca hacia áreas alternativas a la veda de juveniles.
En contraposición, las peticiones formuladas por la firma Estremar S.A. tendientes a acelerar la distribución de la Reserva de Administración de merluza negra, incrementar los topes de concentración máxima de captura de la especie del 40% al 50% y establecer un reparto equitativo de las cargas de investigación científica quedaron en etapa de evaluación. Al respecto, la conducción del CFP instruyó a su Coordinación Institucional para requerir al INIDEP un informe pormenorizado que precise la cantidad de campañas científicas ejecutadas en buques comerciales, el volumen de extracción biológica obtenido y las particularidades de las mareas destinadas al estudio de dicho recurso biológico.
Respecto a la administración del stock de merluza común (Merluccius hubbsi), el plenario dio curso favorable por unanimidad a los requerimientos de Reserva Social planteados por las provincias con litoral marítimo. La Provincia de Santa Cruz obtuvo la asignación de un volumen de captura anual distribuido en once embarcaciones comerciales, entre las que se destacan el buque Victoria II con 1.000 toneladas, el Americano con 500 toneladas y los buques Pensacola I, Alvarez Entrena IV, Quequén Salado y Huafeng 817 con 400 toneladas cada uno, cantidades que serán debitadas del porcentaje que la jurisdicción patagónica posee en la captura máxima permitida. Del mismo modo, la Provincia de Buenos Aires logró la afectación de 200 toneladas de merluza común para el buque Wiron IV y otras 200 toneladas para el buque San Jorge Mártir bajo idénticos lineamientos de interés social y sostenibilidad del personal de las plantas de procesamiento en tierra.
Finalmente, la sesión reflejó disidencias en torno a las solicitudes de prórroga de plazos presentadas de manera conjunta por diversas cámaras de la industria naval, astilleros y federaciones obreras, entre ellas FINA, CIN, ABIN y SAON, destinadas a la extensión del cronograma para la presentación de proyectos de construcción nacional de buques para la pesquería de calamar bajo las Resoluciones CFP Número 6/2026 y 8/2026. El consejo determinó por mayoría derivar la totalidad de las solicitudes de ampliación temporaria ante la órbita de la Autoridad de Aplicación sectorial. Dicha moción técnica contó con el voto negativo explícito de la representante del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, quien argumentó en el acta oficial que la falta de concesión directa de la prórroga inhabilita la viabilidad operativa de incorporar unidades construidas por gradas y obreros navales argentinos.
